La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha incumplido tres veces en lo que va de su administración con su obligación constitucional de elaborar y publicar el Plan General de Desarrollo (PGD) y los programas que de él dependen.
Se supone que este plan debe establecer las bases y políticas públicas que marquen hacia dónde debe dirigirse la capital de México durante los próximos 20 años y evitar su crecimiento caótico.
De acuerdo con urbanistas, abogados, activistas y constituyentes, Sheinbaum ha cometido errores legales y de procedimiento que a principios de diciembre pasado derivaron en el fracaso de una consulta pública ordenada para tal fin; peor aún, violando derechos humanos.
Después de este fiasco, que ella misma consideró un proceso «acelerado» y con errores, Sheinbaum envió al Congreso local una iniciativa para hacer modificaciones constitucionales relacionadas con los plazos del plan. Sin embargo los críticos dicen que esta iniciativa es «equivocada e insuficiente». De ser aprobada, Sheinbaum ya no tendría que rendir cuentas al respecto, pues para entonces ya habría dejado el cargo.