En un fallo histórico, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ha emitido una contundente condena a la construcción del Tren Maya, la emblemática obra impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La institución internacional, conformada por juristas, economistas y ambientalistas de renombre, ha determinado que el proyecto ferroviario representa un grave ecocidio y etnocidio en México.
El veredicto del Tribunal resalta la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya del sur del país, quienes han sido históricamente guardianes de su territorio y patrimonio natural. La construcción del Tren Maya amenaza la integridad de valiosos recursos como cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales, comprometiendo la preservación de su forma de vida y cosmovisión.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, una institución creada por ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, ha señalado que el Estado mexicano es responsable de este crimen contra la naturaleza y la comunidad maya. La obra vulnera los derechos fundamentales de la tierra a ser respetada, regenerar su biocapacidad y mantener sus ciclos vitales libres de alteraciones humanas.
Este veredicto representa un llamado urgente a la reflexión sobre el equilibrio entre el desarrollo y la preservación ambiental, así como el respeto a las culturas y derechos de las comunidades indígenas. La decisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza deberá ser tomada en cuenta por las autoridades para evitar el deterioro irreparable del entorno natural y cultural del sur de México.
El Tren Maya, que había sido presentado como un proyecto de progreso y conectividad, enfrenta ahora un escrutinio internacional por su impacto negativo en el medio ambiente y la comunidad maya. Es momento de replantear y buscar soluciones que aseguren un desarrollo sostenible y respetuoso con la naturaleza y la diversidad cultural de nuestro país. La protección de nuestros recursos naturales y el respeto a los derechos de los pueblos originarios deben ser prioridades innegociables para garantizar un futuro más justo y armonioso para todos.
