El gobierno de Puebla ha intervenido en el pleito legal interpuesto en su contra por los herederos de William O. Jenkins, buscando obtener 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins que incluyen su fortuna amasada en la Universidad. La intervención a partir de este momento obedece a una estrategia desarrollada a través de un acuerdo entre los abogados involucrados con el despacho del panista Roberto Gil Zuarth, quienes se están esforzando al máximo para que puedan echar mano de todo lo que queda.
El objetivo de la operación, plasmado por Roberto Gil Zuarth en un documento en poder de Proceso, es nítido: el despacho Accuracy Legal & Consulting, SC, prometió al equipo de Barbosa que, una vez lograda la “remoción de los actuales patronos” de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), “el estado de Puebla podrá recuperar más de 720 millones de dólares”. representa el valor del patrimonio de la fundación, que incluye 18 inmuebles, acciones de tres empresas –entre ellas, la UDLAP–, un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, mobiliario y automóviles, y se encuentra en el centro de una intensa batalla legal entre los herederos del magnate William O. Jenkins.
La oficina de Gil Zuarth entregó una presentación de 35 páginas al gobierno de Puebla en la que se detalla «la serie de procedimientos y actos administrativos necesarios para la remoción de los fideicomisarios» con el fin de lograr la investigación internacional sobre los bienes de propiedad que fueron malversados por los miembros dentro del FMSJ.
La información proporcionada entra en gran detalle sobre cómo se logrará esto, qué necesidades se están cumpliendo junto con todos los demás detalles relevantes.
